La oficialista Lista Integración logró, con el voto de la Agrupación Ñandubay, de Federal, y la Lista Blanca, de Victoria, reunir los votos de 65 de los 114 congresales que sesionaron, y así imponer la moción de ejecutar el paro, pero de un modo novedoso: será la comisión directiva central del sindicato la que decida cuándo y con qué modalidad levar a la práctica la huelga.
Aunque los congresales definieron que ese paro deberá ejecutarse en los próximos 15 días, y no más allá del 26 del actual deberá convocarse a un nuevo congreso sindical para definir de qué modo continuar el conflicto.
En realidad la Lista Integración había acordado llevar al congreso la moción de votar la concreción del paro que había suspendido la Justicia. Pero con una estrategia novedosa: la ejecución de la huelga quedará en manos de la comisión directiva, atendiendo al marco de alta conflictividad planteada en la Justicia.
Un amparo que presentó el defensor general Maximiliano Benítez, que acompañó una medida cautelar, encontró vía libre en la jueza Cecilia Bértora, que ordenó a los gremios suspender la huelga prevista para finales de julio. Después, el juez penal de Menores Pablo Barbirotto tomó en sus manos el amparo, y falló que el derecho a la educación está por encima del derecho de huelga, e impuso a Agmer la obligación de continuar negociando con el Gobierno sin suspender el dictado de clases.
El 26 de junio, un congreso de Agmer que se convocó en Ibicuy, departamento Islas, aprobó la realización de un paro de 48 horas, medida de fuerza que se llevaría a la práctica el lunes 27 y martes 28 de julio si para el 22 de ese mes el Gobierno no abría una mesa de negociación salarial para el segundo semestre.
Al comienzo del ciclo lectivo, el Gobierno había conseguido desactivar un paro de cinco días –sólo hubo una huelga el primer día—y, después de una negociación en el marco de una conciliación obligatoria dictada por la Justicia, acordó abonar en dos tramos un incremento salarial promedio del 35%. La mejora se pagó en dos tramos, entre marzo y julio, e incluyó la duplicación del adicional por Fondo de Incentivo Docente, que se abonará con los haberes de agosto.
La huelga de finales de julio tampoco pudo concretarse, y otra vez por una decisión judicial. El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, presentó un recurso de amparo acompañado de una medida cautelar, que tuvo acogida favorable en la jueza Cecilia Bértora, que ordenó a los sindicatos docentes suspender el paro de 48 horas previsto.
El juez penal de Menores Pablo Barbirotto analizó el amparo presentado por Benítez, y resolvió que el derecho a la educación de los alumnos está por encima del derecho de huelga de los maestros. Agmer acudió en apelación a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que todavía no se expidió.
En su fallo, Barbirotto entendió que todavía está vigente el acuerdo salarial rubricado por gremio y Gobierno en abril pasado –en efecto, concluye cuando se termine de pagar la mejora acordada, a comienzos de septiembre—y por eso consideró que el gremio no debió apelar a medidas de fuerza.
El magistrado consideró que “debe reencausarse la instancia de resolución del conflicto en el ámbito legítimo de la negociación, correspondiéndole al Estado entrerriano intensificar los esfuerzos para avanzar en la negociación, hasta tanto se logre un acuerdo, pero necesariamente con el sistema educativo en funcionamiento y con los niños ejerciendo su derecho a recibir educación en forma continua y regular, y asegurando el cumplimiento del ciclo lectivo, atendiendo también el derecho de los padres a que sus hijos sean educados”.
Ahora, Agmer insistirá con los paros, aunque buscará la forma de evadir un nuevo pronunciamiento judicial que frene la huelga. Ese es el desafío.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
